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Operación Chamartín (Prolongación Castellana)
Información recogida de EL PAIS el 23 de abril de 2005
La operación Chamartín sigue moribunda y sin visos de revivir. La reunión que mantuvieron ayer representantes del ministerio de Fomento, la Comunidad y el Ayuntamiento, la primera en siete meses, terminó como había empezado: las dos instituciones madrileñas acusan a Fomento de tener "bloqueado" el proyecto urbanístico y de hacerles perder el tiempo, porque se comprometió a presentar una propuesta y "ha vuelto a aparecer con las manos vacías". El ministerio negó ser el único culpable del bloqueo.
La edil de Urbanismo, Pilar Martínez, subraya que el Ministerio de Fomento debe ser consciente de que la Operación Chamartín "tiene fecha de caducidad", porque el primer borrador de la Ley del Suelo que prepara la Comunidad impide utilizar suelos afectos a infraestructuras (como los de Renfe en Chamartín), para sacar plusvalías. "Si la ley se aprueba antes de que esté aprobado el plan parcial de Operación Chamartín, éste será ya inevitable", dice.
El consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabia, admitió ese extremo, pero señaló que la Ley del Suelo está aún en fase de dictamen previo, y que el texto final podría no incluir esa cuestión.
Un portavoz de Fomento admitió que la propuesta sobre la vivienda protegida sugerida por la ministra no ha sido aún elaborada, pero seguro que ése "no es el único escollo en la negociación",. Fuentes de la secretaría de Estado citaron dos de esos obstáculos, que atribuyen a la Comunidad: "Primero, la presidenta Esperanza Aguirre no ha precisado aún cómo afectará a esta operación la nueva ley del Suelo que prepara. Segundo, tampoco quiere hablar de si se prolongará la línea 10 de metro al nuevo desarrollo, algo que resulta imprescindible".
Información recogida de EL PAIS el 1 de abril de 2005
La llamada Operación Chamartín, un enorme desarrollo urbanístico al norte de la capital y que se levantará sobre las vías de la actual estación de Renfe, se ha topado con un inesperado obstáculo en su camino. El Consejo de Gobierno de la CAM aprobó ayer un proyecto de ley para modificar la actual Ley del Suelo. En concreto el Gobierno de Esperanza Aguirre introduce un cambio legal que señala que "antes de aprobar definitivamente un desarrollo urbanístico de carácter especial (por ejemplo, la Operación Chamartín), se acredite la existencia de infraestructuras y comunicaciones suficientes para garantizar la movilidad de la población".
La Operación Chamartín es un desarrollo urbanístico en el que participan el Ministerio de Fomento, la Comunidad y el Ayuntamiento. Fomento, a través de Renfe, posee el 60% del suelo. En ella está prevista la construcción de 1.500 viviendas y un millón de metros cuadrados de oficinas. Más de 150.000 personas trabajarían cada día en esta nueva zona, muy próxima al paseo de la Castellana, a la carretera de Burgos, a los nuevos barrios del norte, a los hospitales La Paz y Ramón y Cajal, al nudo de la carretera de acceso a Barajas y a los futuros rascacielos de la Ciudad Deportiva.
El vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, del PP, señaló ayer que el "Ministerio de Fomento obtendrá más de 600.000 millones de las antiguas pesetas en concepto de plusvalías y, por lo tanto, debería garantizar con este dinero unas buenas infraestructuras de transporte en la zona de influencia", puntualizó.
González añadió: "Si no se garantizan nuevas infraestructuras como la R-1,el cierre de la M-50 o los carriles bus, el colapso en todo el entorno, en los barrios de Sanchinarro y Las Tablas y los nuevos desarrollos de la carretera de Burgos será todavía mayor que el existente".
La Operación urbanística denominada Prolongación de la Castellana, también llamada Operación Chamartín, pretende privilegiar una parte de la ciudad de Madrid en perjuicio de todos los ciudadanos que habitamos en ella, y muy especialmente para los que residimos en sus proximidades.
Esta operación nació, desde luego con la polémica, no podía ser de otra forma, cuándo se pretende pasar, de una forma desorbitada, de un edificabilidad del 0,6 m2/m2 a 1,05 m2/m2. Además la aprobación definitiva del Plan General de Madrid de 1997 obliga a que las tres Administraciones (Estatal, Autonómica y Municipal), constituyan un Consorcio (en el que no participa la oposición: PSOE e IU, ni tampoco los propietarios minoritarios), que es el que marca las condiciones de ejecución de dicha operación, hurtando claramente a los ciudadanos el mínimo debate sobre el urbanismo y la ciudad.
Así mismo, la adjudicación de la concesión de los aprovechamientos urbanísticos a Ducho, S.A. (Desarrollo Urbanístico de Chamartín), ganadora del concurso público en 1993 sobre 625.211 m2 que comprendían la estación de Chamartín y la playa de vías, se procede en 1997, a la ampliación de dicha concesión por el Ministro Arias Salgado en más de un millón de metros cuadrados (exactamente 1.850.000 m2), incluyendo el suelo ferroviario de Fuencarral, sin publicidad ni concurrencia de otras empresas, lo que supuso para dicha empresa, por entonces, un volumen de negocio en el mercado superior a los 500.000 millones de las antiguas pesetas.
En una palabra, que los 870.000 m2 de edificabilidad, previstos inialmente, pasan a convertirse en 1.060.000 m2.
Es decir, todo ello nos lleva a determinar que la presente operación tiene un claro propósito especulativo, ya que lejos de ganar un espacio para la ciudad, lo que se persigue con la operación es la construcción de doce o quince edificios de cuarenta y cinco alturas cada uno.
Esta operación, según la Directiva Europea sobre Medio Ambiente (85/337/CEE, con las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CEE), necesita de un Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental, del que todavía no hemos oído hablar.
Y efectivamente no hemos oído hablar de ella porque la imprecisión e indeterminación de la ficha que se maneja, propuesta por el Ayuntamiento, es absoluta. Tanto, que al examinar los detalles de la operación, no se sabe si habrá más metros cuadrados para viviendas o para oficinas; si habrá un hipermercado o diez; si se levantarán 12 rascacielos de 45 plantas o seis de 90.
Ante esta situación. el 13 de abril de 2002, la AVAF, junto con un nutrido grupo de asociaciones de la zona norte de Madrid, además de numerosos ciudadanos, presentó alegaciones a la Modificación Puntual en el Ámbito del APR 08.03 (Prolongación de la Castellana).
Seguiremos estando atentos al proceso e informando sobre el mismo. |
