La Comisión Europea (CE) anunció ayer el archivo de su investigación sobre la venta de la Ciudad Deportiva del Real Madrid ante la falta de indicios de ayudas públicas ilegales al club. Un portavoz del Madrid indicó que "el club no hace declaración oficial sobre este asunto" , aunque otras fuentes de la entidad insistieron en que siempre tuvieron confianza y tranquilidad porque estaban seguros de la legalidad de la operación.

La CE abrió la investigación en enero de 2004, por varias denuncias, entre ellas las del Bayern de Múnich y el Mánchester United,sobre supuesto trato de favor al Madrid. E l comisario europeo de la Competencia, Mario Monti,pidió al Gobierno español datos de la recalificación y venta de los terrenos por más de 480 millones de euros para comprobar si entre los compradores había entidades públicas que habrían abonado al club un precio elevado artificialmente por la recalificación.

La respuesta del Gobierno llegó en marzo e hizo dudar a la Comisión, ya que sólo hacía referencia a compradores privados: la constructora OHL,la petrolera Repsol YPF,la Mútua Automovilística de Madrid y la compañía inmobiliaria Sacyr Vallehermoso.

Los hechos se remontan al 7 de mayo de 2001,cuando la C.A.M. el Ayuntamiento, y e Real Madrid firmaron la recalificación de 30.000 metros cuadrados de la Ciudad deportiva, considerados antes "equipamientos deportivos privados" y no urbanizables y pasaron a ser calificados como "terciarios" o edificables, después, parte de los derechos de edificabilidad de los terrenos fueron vendidos a las empresas mencionadas para construir cuatro torres de oficinas de entre 45 y 60 pisos.

Seguramente todos conocéis el reciente convenio firmado entre nuestro Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), y el Real Madrid, convenio denominado: operación urbanística de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Para vuestra información, la propiedad de la citada superficie se distribuye entre el Real Madrid (110.629 m2), el Ayuntamiento (1.332 m2), y Ayuntamiento y CAM (30.000 m2). Según el vigente del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (P.G.O.U.M.), de 1997, el ámbito descrito está calificado como dotacional deportivo privado, la zona correspondiente al Real Madrid, y como dotacional público el correspondiente a las administraciones local y autonómica. En cualquier caso, siempre para uso deportivo.

El artículo 8.3.1, de las normas urbanísticas del P.G.O.U.M, define el ámbito de la Ciudad Deportiva del Real Madrid como área de suelo urbano en los que se ha agotado el aprovechamiento urbanístico.

Con lo expuesto se hace difícil entender cómo las Administraciones Públicas cambian de criterio en apenas dos años, ya que, según el Convenio de Permuta de 1996 y el Convenio de Ejecución de abril de 1998, se da solución a los intereses del Real Madrid mediante la transferencia al Club de dos parcelas en "Julián Camarillo Sur", y una en "Las Tablas", esta última para uso deportivo.

Esta Plataforma considera que la operación se realiza con un objetivo meramente especulativo, y no de y para la ciudad, como nos quieren hacer creer, ya que, la recalificación para uso terciario de una parte del suelo de la Castellana y la construcción de 200.000 m2 de oficinas supone un grave perjuicio para la ciudad en términos de saturación urbanística, congestión de trafico, contaminación y ruido, en una zona ya de por sí densamente poblada.

¿Los promotores de la operación han tenido en cuenta la proximidad de un barrio como el Barrio del Pilar densamente poblado, la proximidad de dos hospitales, o la confluencia de dos vías altamente congestionadas en horario punta, como son la carretera de Burgos y la de Colmenar?. Además, ¿cómo es posible realizar una operación de estas características sin un estudio de impacto ambiental y de flujo de tráfico?.

Con estos antecedentes, ¿cómo es posible que, tanto U.G.T. como CC.OO, e IU, y la propia CAM, hayan aceptado la recalificación?. ¿Existe algún acuerdo oculto?. En cuanto a la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, también ha dado el visto bueno a la operación, pero sin haber consultado para nada a las Asociaciones legalmente constituidas del distrito.

Consideramos que esto no es más que el comienzo de una operación urbanística de mucho mayor calado como es la Operación Chamartín, en la que está interesado el Sr. Ruiz Gallardón, y en la que mediante éste acuerdo podría aumentar el índice de edificabilidad con el visto bueno del Sr. Alvarez Manzano.